La politización de los gremios

EN LA ENSEÑANZA

proselitismo

Con el viejo propósito de obtener protección para sus reclamos y actividades, es cada vez más notoria la politización de los gremios y no sólo a través de la candidatura de dirigentes gremiales en los partidos políticos de gobierno, como ya ocurre con el Pit-Cnt, sino además en la confesión de movilizaciones que pueden o no llevarse a cabo según convenga a esos mismos partidos. En ese sentido pasó casi desapercibido el reclamo de un sector del gremio de la enseñanza que promovió demorar unas medidas de lucha hasta después de la elección de autoridades del Frente Amplio para que ellas no favorecieran o perjudicaran a algunos grupos.

Esa actitud está en contra de lo que expresamente establece el artículo 58 de la Constitución cuando dispone, desde 1934, que los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política, agregando que en los lugares y horas de trabajo está prohibida toda actividad ajena a la función considerándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Justino Jiménez de Aréchaga sigue enseñando que el término “proselitismo” desde entonces ya no equivale a ” proselitismo político” sino a cualquier clase o género de proselitismo, y recuerda, -lo que es doblemente valioso para esta página- que el mismo fue incorporado en la Constituyente de 1942 por la Comisión de los 25 al cual se le agregó esa precisión por iniciativa del Dr. Enrique Beltrán, expresamente apoyado por el legislador César Batlle Pacheco.

Sin perjuicio de reconocer y defender los legítimos derechos de los gremios, y precisamente en defensa de ellos, no debe mantenerse silencio ante los desbordes, muchas veces alimentados por el propio gobierno, aunque después se les vuelvan en contra. Si bien en su pecado están padeciendo su penitencia, llama la atención la pasividad de quienes deben prevenir esas irregularidades a través de los organismos de contralor de las sociedades civiles establecidos en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Las irregularidades ya no se extienden sólo a prohibir el acceso a sus lugares de trabajo de quienes no estén de acuerdo con las medidas dispuestas o a expulsar a los que no las compartan, -como acaba de ocurrir en dos oportunidades en el gremio de la enseñanza-, sino que han convertido al poder gremial en una especie de dictadura también gremial que se parece en mucho a otras dictaduras que ellos mismos han combatido.

Ante una indiscutible etapa de maduración de los gremios, parece oportuno llamar la atención sobre esos hechos y reclamar una corrección de los desbordes. Está fuera de discusión que en estos tiempos las sociedades no pueden imaginarse sin su presencia, pero esa comprobación lleva aparejada como contrapartida la necesidad de un gremialismo responsable que, consciente de sus derechos, no los sustituya por errores de conducta o actitudes intolerantes.

En estos últimos tiempos tal vez lo que más ha recrudecido es esa politización encubierta o disimulada, incluso al amparo de actitudes complacientes del gobierno, que puede volverse en contra de ellos mismos o que se mantienen activas en una clara amenaza contra los funcionarios, como acaba de ocurrir en la Intendencia de Montevideo, donde si bien no se aplicaron los descuentos por paros, los mismos se mantienen como una clara amenaza ante eventuales reclamos. Son los mismos procedimientos que se utilizan cuando se ofrece, por una lado, que el voto del presidente del Codicen valga por dos o por tres y después no se puede evitar que los docentes ocupen liceos; o cuando se desconocen las pautas de productividad en las negociaciones salariales o cuando se difunde que el Presidente de la República mantiene una línea abierta a través de un teléfono rojo (¿?) con los dirigentes sindicales y que se han mantenido reuniones “clandestinas” (¡!) entre personajes del gobierno con algunos de ellos en la sede gremial, lo que demuestra que no han sabido desprenderse de los viejos hábitos solapados que utilizaban pero que no corresponde mantener en tiempos de aparente normalidad institucional.

Estos procedimientos tampoco respetan la libertad gremial, por lo que la actitud más sabia sería mantenerse independientes de los partidos de turno y no como laderos de temporarios y circunstanciales gobernantes.

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