“Intereses gremiales, sindicales y corporativos transformaron en víctimas a la sociedad”

“Sindicatos dominan educación e INAU”

El economista de Ceres, Ignacio Munyo, elaboró un modelo económico para explicar el incremento de la delincuencia juvenil en Uruguay en los últimos 15 años, acusó a los sindicatos de la educación y del INAU de “paralizar” al gobierno.

Los sindicatos paralizan al gobierno desde que Tabaré Vázquez (2005) les otorgó las riendas del país.

Además advirtió que ambos gremios neutralizan dos tareas clave para combatir la minoridad infractora: educar en los contextos más desfavorables para fomentar el retorno a las actividades legales, y lograr una rehabilitación efectiva de los menores para que, una vez que están internados, no salgan peor de lo que entraron al sistema.

“La inacción en la educación se tradujo en una acción de la delincuencia”, dijo Munyo, profesor de Econometría en la Universidad de Montevideo.

En este momento, el sistema educativo “no es capaz de dar respuestas” a los habitantes de contextos más desfavorables de Montevideo. “Para atender a esta población, hay que adaptar el modelo de gestión de cada liceo a su barrio. Ello significa permitir una autonomía de gestión”, dijo.

Señaló que, de acuerdo a evaluaciones internacionales -las pruebas PISA-, siete de cada 10 menores de 15 años no logran los niveles mínimos de educación para insertarse con suficiencia en los mercados de trabajo. Además citó estudios publicados por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales que demuestran que el retorno esperado de la educación de las personas que viven en estos contextos desfavorables no es rentable. “Estas personas no recibirán en el futuro un salario que les compense estar hoy en ámbitos educativos formales. Porque el sistema no les otorga habilidades suficientes para ingresar al mercado formal de trabajo. En algún sentido les es más óptimo abandonar los estudios”, explicó.

Munyo también apuntó sus baterías contra los hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), organismo que depende del INAU. “Antes de cambiar el Código de la Niñez y la Adolescencia, hay que pensar en rehabilitar a los menores infractores. Hoy en día no se está cumpliendo la tarea de rehabilitación de los adolescentes”, señaló.

Munyo dijo que, con excepción del Hogar Ituzaingó que cuenta con un programa de rehabilitación, los otros establecimientos de la Colonia Berro “son meros lugares de encierro”.

“Si se sale del Ituzaingó y se camina 20 metros por un camino, se encuentra con lo más parecido al infierno: una casa, triple perimetral, barrotes en la ventana y no se mueve ni una mosca. Allí están metidos los mismos 70 adolescentes que en el Hogar Ituzaingó”, explicó.

El experto indicó que, en los últimos 15 años, los delitos totales se han duplicado, en tanto que las rapiñas, que involucran el uso de violencia física contra las personas, han aumentado de manera exponencial multiplicándose por cuatro. En este contexto, agregó, el número de rapiñas cometidas por adolescentes creció tres veces más de lo que lo hicieron los atracos efectuados por adolescentes.

“Eso se explica por un cóctel explosivo: malos niveles de educación que imposibilitan que adolescentes de escasos recursos accedan a trabajos bien remunerados, probabilidad de aprehensión bajísima para los menores infractores tras cometer un delito (uno de cada 10), legislación leve, penas inexistentes (promedio de internación de tres meses) y botín exultante por la bonanza económica”, indicó.

Munyo dijo que la incidencia de la pasta base también es uno de los factores que explica el aumento de la delincuencia juvenil. “Una de las conclusiones del estudio es que el factor de la pasta base influye en la delincuencia juvenil pero solo en un 10%. Pero no es el más importante”, advirtió.

En una conferencia en el Hotel Sheraton, Munyo presentó un trabajo que le demandó dos años de investigación titulado: “Los dilemas de la delincuencia juvenil en Uruguay“. El estudio constató que es rentable delinquir para los menores infractores, porque de cada 100 delincuentes juveniles solo 10 son atrapados. De esos 10, cuatro se van en libertad y seis son internados. En tanto, dos se fugan y los otros cuatro están internados durante tres meses promedio.

El impacto de la baja de la edad de imputabilidad

La baja en sí de la edad de imputabilidad implica que los menores entre 16 y 18 años que comentan delitos serán juzgados por penas del Código Penal. Estas son más duras que el Código de la Niñez y la Adolescencia. “Por un lado se encuentra el efecto disuasión. El tema es que muchas veces este se compensa por otros efectos perversos que funcionan al mismo tiempo: el efecto estigma que se genera a una persona recluida a la hora de salir a buscar trabajo tras obtener la libertad, y la escuela del crimen que existe en todo centro de reclusión”, dijo.

En su estudio, Munyo también planteó la necesidad de que la Policía mejorara su rendimiento a la hora de detener delincuentes adultos o adolescentes. “La baja tasa de captura es un tema de eficiencia policial para resolver delitos. En parte por desconfianza de las víctimas por no ir a hacer las denuncias”, dijo.

“Cuando el adulto va a una comisaría, automáticamente se le inicia un proceso judicial. Sin embargo, cuando el adolescente es atrapado, el juez resuelve iniciar o no proceso al menor. Hay que cambiar las leyes”, dijo Munyo.

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