Madres reconocen en los juzgados que no pueden con sus hijos

Nueve de cada 10 familiares que retiran a menores infractores de los Juzgados son madres, jefas de hogar, a cargo de varios hijos de distintos padres y con trabajos variados, principalmente en el servicio doméstico.

Así lo señaló el fiscal de Adolescentes Gilberto Rodríguez en un seminario sobre la minoridad infractora y la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia efectuado en un salón de la Bolsa de Valores.

“La realidad que se ve en los juzgados es que de cada 10 padres que van a retirar a sus hijos que deben enfrentar alguna medida socioeducativa, nueve son mujeres y uno es hombre. Estas mujeres manejan valores distintos a los existentes en la sociedad”, dijo el fiscal, en alusión a que deben enfrentar una dura realidad provocada por trabajos de escasa remuneración (domésticas) y muchos hijos de distintos padres.

Según el fiscal, muchas de estas madres reconocen en los juzgados que no pueden con sus hijos. “El problema se hace mucho más evidente cuando los adolescentes tienen 16 o 17 años”, señaló el fiscal.

Ante un público compuesto por operadores judiciales, técnicos y víctimas de delitos, Rodríguez dijo que la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad ocurre cuando un padre puede hacer algo y no lo hace. También recordó casos ocurridos en juzgados de Adolescentes donde los magistrados dejaron en libertad a los menores sin que aparecieran los padres para hacerse responsables por los mismos, pese a que se había probado su culpabilidad y debían enfrentar una medida socioeducativa.

 

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Zubía coincidió con Rodríguez que, en ocasiones, los jueces de Adolescentes de distintos turnos entregaron menores culpables de delitos a “padres fantasmas. Nadie estaba presente para hacerse responsable por ese menor”.

El fiscal recordó que en el Parlamento hay tres proyectos de ley -del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Independiente- que endurecen las penas para menores infractores, se establece internaciones mínimas para delitos graves y se sanciona la tentativa de rapiñas, entre otros cambios.

Explicó que el proyecto del Partido Nacional promueve que los padres deberán informar al Juzgado de Adolescentes si no pueden obligar a su hijo a cumplir con la medida educativa y, en caso de que no lo hagan, serán pasibles de ser procesados por no cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad.

El fiscal Carlos Negro señaló que la responsabilidad de los padres era un aspecto con distintas aristas y se preguntó cuántos representantes del Ministerio Público estarían dispuestos a pedir el procesamiento de un padre del barrio Carrasco, cuyo hijo le robó las llaves del auto y protagonizó luego un grave accidente de tránsito. “Seguramente serán pocos los fiscales que harán un planteo de ese tipo”, dijo.

Durante la ronda de preguntas a los fiscales de Menores, la presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, Graciela Barrera de Novo, dijo que sufrió amenazas y debió convivir con allegados de los agresores cuando concurrió a un juzgado penal a ratificar una denuncia. “¿Por qué es tan difícil instalar divisiones y entradas diferentes? En mi caso he pensado no volver a presentar denuncias”, dijo.

El fiscal Rodríguez le dijo a Barrera de Novo: “lo que usted vivió es un proceso de revictimización. No es necesario aprobar nuevas leyes, se necesita cabeza para solucionar ese problema”.

Por su parte, Zubía dijo que las víctimas de delitos no comparecen en los juzgados porque tienen “un descreimiento profundo” en el sistema judicial de menores. Agregó que la víctima sí concurre cuando se entera que la Policía incautó elementos robados por el delincuente.

“En el último turno -finalizado días atrás- cuatro víctimas no se presentaron a ratificar las denuncias”, dijo Zubía.

Indicó que en el Poder Judicial no hay infraestructura para alojar a las víctimas y una “falta de preocupación” por las mismas. “Muchas veces las víctimas son vistas como objetos de derechos, como un testimonio”, advirtió.

Ejemplo chileno

En la charla sobre minoridad infractora, el fiscal Gustavo Zubía dijo que el Código de Chile es mucho más duro en materia de penas que la legislación uruguaya, ya que establece una pena máxima de 10 años para delitos graves. “Nadie dice que el modelo chileno viola normas internacionales”, dijo.

El País Digital

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