Tráfico y Trata: hijos de Miseria

Situación uruguaya

Cinco años atrás, al promulgarse la ley de Migración en nuestro país, en sendos artículos se tipificaron los delitos de tráfico y trata de personas. Si en aquel momento apenas algunos casos aislados suscitaban la inquietud de las autoridades, hoy puede asegurarse que este tipo de figuras penales se registra entre nosotros cada vez con más frecuencia.

Procedimientos policiales como los concretados en las últimas semanas permiten corroborar que Uruguay es una escala cada vez más utilizada en el tránsito ilegal de personas desde y hacia los países vecinos. Las víctimas de ese comercio inhumano suelen ser ciudadanos chinos y dominicanos que traspasan nuestras fronteras de manera clandestina, por lo común, rumbo a Argentina.

Ese tránsito se realiza bajo dos formas delictivas previstas en la ley 18.250. La primera penaliza a quienes participan en el tráfico de personas, es decir a quienes intervienen en el ingreso o egreso ilegal de seres humanos al o desde el territorio nacional “con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero”.

La segunda, o sea la trata, hace lo propio con quienes intervienen en el “reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual…” entre otras aberraciones. Como puede apreciarse, el objetivo de la trata es la explotación de la persona en trabajos en condiciones denigrantes y reñidos con la dignidad humana. El tráfico, en tanto, apunta al traslado ilegal de emigrantes.

Este último caso es el que se registra con más asiduidad con ciudadanos de las provincias más pobres del interior de China que procuran llegar a Argentina para integrarse a la nutrida colonia de compatriotas radicados en ese país. Los chinos arriban a Brasil por avión, entran subrepticiamente a Uruguay y desde aquí son reenviados, también de manera ilegal, al país vecino. A modo de ejemplo cabe recordar que dos meses atrás la justicia decretó siete procesamientos por tráfico de chinos. Entre los procesados figuró como cómplice un funcionario de la Dirección de Migración que facilitaba esos movimientos.

Las situaciones detectadas con ciudadanos de la República Dominicana tienen otras características puesto que se las vincula a la explotación sexual de que son objeto. Al respecto, hay fuertes sospechas sobre la existencia de una banda de proxenetas que actúan entre la capital y el interior de nuestro país en cuyas redes cayeron varias mujeres dominicanas que fueron retenidas aquí o transportadas a Argentina.

A este sombrío cuadro deben agregarse los datos que surgieron el año pasado cuando en una eficaz intervención la policía desbarató una organización dedicada a medrar con la prostitución en varias ciudades del litoral del río Uruguay, responsable además de haber enviado a Europa, en especial a España, a unas quince mujeres jóvenes, víctimas de una deleznable explotación.

Los antecedentes reseñados confirman así el diagnóstico formulado tiempo atrás por una experta de Naciones Unidas quien determinó que “Uruguay es origen, tránsito y destino de trata de personas”. Por esa razón, es preciso que las autoridades extremen esfuerzos para desalentar y perseguir estos ilícitos muy redituables para las bandas criminales. Bandas que, como se ha comprobado, utilizan rutas y esquemas de trabajo que también se emplean para el tráfico de estupefacientes.

Con razón se observa que nuestra ley de Migración, en su capítulo XV, no contiene previsiones sobre la asistencia y reparación de las víctimas de esta clase de delitos. En los hechos, toda vez que la policía logra rescatar a las personas en las situaciones descritas ha sido el ministerio de Desarrollo Social quien se ha encargado de atenderlos. Desvalidos, sin los más mínimos conocimientos del país y en ocasiones sin siquiera dominar el idioma, las indefensas víctimas de tales crímenes deberían recibir una protección legal preestablecida consistente en proporcionarles seguridad personal, asistencia y reparación. A ello se comprometió nuestro país al suscribir en el año 2000 la convención de Palermo contra el tráfico ilícito de migrantes y ratificarla en 2005.

También lo hicieron los demás socios del Mercosur así como Chile lo que posibilita una efectiva cooperación regional para combatir estos delitos sin fronteras.

Tráfico+Trata

Uruguaya rescatada en Argentina

Una unidad especial de la Gendarmería argentina rescató a seis mujeres que eran explotadas sexualmente en una localidad cercana a Gualeguaychú. Una de las víctimas es uruguaya, ahora bajo protección de las autoridades federales.

Los resultados del operativo se conocieron ayer por la tarde, pero muchos de sus detalles se mantienen aún en reserva. En cambio las autoridades informaron que el procedimiento fue exitoso al rescatar a seis mujeres que se hallaban secuestradas y eran explotadas sexualmente en un local nocturno de la localidad de Enrique Carbo, de la provincia de Entre Ríos, muy cercana a la vecina ciudad de Gualeguaychú.

La operación que terminó con el allanamiento del local, mediante una orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, fue llevada a cabo por el Escuadrón 56 “Gualeguaychú” de la Gendarmería Nacional. Entre sus efectivos esta fuerza especial cuenta con personal femenino que se hizo cargo del rescate y la custodia de seis mujeres jóvenes, una de ellas menor de edad, que, según informaron las autoridades, se hallaban en “estado de vulnerabilidad y presuntamente obligadas a ejercer la prostitución”.

De la inspección al local nocturno participó, además, personal técnico de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a los Damnificados por el delito de Trata. Este organismo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y forma parte del programa creado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para enfrentar la trata de personas en Argentina.

Entre otras cosas la legislación en la materia, aprobada en 2008, procura mantener la más estricta reserva en torno a las víctimas de esta modalidad criminal para evitar, de ese modo, su revictimización en público.

La menor de edad fue puesta al cuidado de los profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento, mientras las restantes cinco mayores de edad declaraban ayer en la sede federal.

2

PROCEDIMIENTOS

La trata de personas es un delito federal en Argentina que atañe principalmente a mujeres en más del 99% de los casos, y que estipula entre 4 y 10 años de prisión -según el grado de participación- para aquellos que lo cometen, por eso quienes intervienen en los operativos son de las fuerzas de seguridad federales como la Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

Fuentes del Ministerio de Seguridad argentino expusieron a El País que este tipo de operativos de rescate -de los que no se difunden fotografías con el objetivo de evitar la revictimización- son realizados por las fuerzas de seguridad junto a personal especializado del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, un equipo interdisciplinario del que participan el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Social argentinos que en 2012 rescató a 430 personas -429 mujeres y solo un hombre- que estaban en situación de trata para comercio sexual en diferentes regiones del vecino país.

En 2012 el 5% de los rescates correspondieron a menores de edad y la gran mayoría de ellas eran mujeres jóvenes de más de 18 años. Asimismo, la mitad de las víctimas rescatadas eran extranjeras, aunque desde el Ministerio de Seguridad argentino señalaron que eso no significa que el reclutamiento y la red de trata haya estado en el exterior, sino que muchas veces ocurre que las víctimas ya viven en Argentina.

Con respecto al protocolo de atención explicaron que, en el caso de mujeres extranjeras en los centros de atención a la víctima se tiene en cuenta su “evolución psicológica y lo que ellas desean en materia de volver a su país ya que muchas veces allí pudo originarse la red de trata”. Si desean regresar, se trabaja a través de la Cancillería para coordinar con el país de origen de la víctima.

El País Digital
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s