Persiste exclusión en sistema educativo

Son pocos los docentes especializados en inclusión: 243 en todo Uruguay, cuando según ANEP hay 5.821 niños con discapacidad que asisten a la educación común. “La formación docente resulta en este momento uno de los nudos que se identifican para avanzar en la inclusión”.

Estas son más frecuentes entre los niños y niñas que poseen alguna discapacidad, mientras se incrementan los obstáculos y desafíos para el acceso universal a la educación de la población con discapacidad a medida que se avanza en los diferentes ciclos educativos.

Igualmente, en tanto el grado de discapacidad es más severo, mayores son los niveles de exclusión del sistema educativo y la segregación en escuelas especiales.

De acuerdo a los datos de ANEP, la mayoría de los niños y niñas con discapacidad se encuentran matriculados en las escuelas especiales.

Todos los resultados conocidos revelan la persistencia de un modelo basado en la segregación de los estudiantes con discapacidad, más allá de los avances que puedan haberse logrado en estos años. También es claro que la inclusión ha tenido mayor incidencia en la capital del país que en el interior.

En cuanto a la formación de los maestros que trabajan con niños con discapacidad, no parece haber habido una jerarquización en la formación básica curricular, en tanto la capacitación se realiza en un posgrado.

En el plan de estudio de la formación de grado (para los maestros comunes) se desarrolla solo el seminario denominado “Dificultades del aprendizaje”, con carga horaria de 30 horas anuales, y el seminario de Derechos Humanos, en donde se abordan modelos inclusivos.

Todas estas conclusiones son algunas de las que presenta un minucioso monitoreo llevado adelante por Tania da Rosa y Mariana Mas, sobre “Discapacidad y educación inclusiva en Uruguay”.

El documento fue producto del proyecto “Acceso a la Educación Inclusiva”, una iniciativa del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), en alianza con la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP), implementada con el apoyo de Open Society Foundations.

Una foto de Graciela Slekis Riffel.

PRIMEROS DATOS

La suma de los datos proporcionados por ANEP sobre educación común y especial, indica que en el año 2013 hay 13.449 niños con discapacidad asistiendo a centros de educación públicos a cargo del organismo.

De ese total, 7.628 (57%) están matriculados en educación especial, mientras que 5.821 (43%) asisten a las escuelas comunes de Uruguay.

A nivel nacional, también según datos de ANEP, el grupo con mayor representación en la educación común es el conformado por niños con discapacidad intelectual: 2.107 (36%).

El segundo grupo con mayor incidencia es el de niños con trastornos de conducta: 1.510 (26%). Lo siguen aquellos con discapacidad motriz (13%), autismo y otros (11%), discapacidad visual (9%) y discapacidad auditiva (5%).

Por su parte, en la educación especial, hasta 2012 estaban matriculados 6.761 niños, (40% en Montevideo).

Si se desglosa por tipo de discapacidad, quienes hicieron el mapeo de la información disponible, sostienen que se observa cómo la gran mayoría de los niños matriculados en las escuelas especiales tiene algún tipo de discapacidad intelectual: 93% en Montevideo y 97% en el interior.

Contemplando datos de la educación común y la educación especial, el informe dice “que la inserción en el sistema educativo para los niños y niñas con discapacidad intelectual continúa transcurriendo mayoritariamente en el modelo de la educación especial”.

En este sentido se sostiene que casi 2 de cada 3 niños y niñas son matriculados en la educación especial, una situación que “es aún más pronunciada en el interior del país, en donde solamente 1 de cada 4 niños logra acceder a las escuelas comunes”.

Considerando el tramo etáreo de 4 a 14 años (edad escolar), la información del Censo 2011 delata un alto grado de inserción en el sistema educativo.

Pero esa conclusión, para los investigadores de Cainfo, debe tomarse con precaución debido a que tales datos “se construyeron a partir de la autoidentificación de los censados y no de un diagnóstico técnico”.

También debe acotarse que las cifras del Censo 2011 corresponden a la suma de datos de la educación pública y la privada, refiriendo asimismo las realidades de la educación común y la especial.

La documentación proporcionada por el Instituto de estadísticas y censos establece que concurren a centros educativos 374.708 niños sin discapacidad, y 28.447 con discapacidad.

Sin embargo, como se aclara en el informe, la asistencia a centros de enseñanza no implica por sí la existencia de inclusión educativa, aun cuando ésta se dé en centros comunes o regulares.

La cantidad de niños con discapacidad que no asisten a centros de enseñanza es un 2% mayor en comparación a lo que ocurre por dentro del grupo de niños sin discapacidad, y la situación se agudiza en tramos más avanzados de la educación. En otro estudio reciente publicado por Unicef y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, el porcentaje en Uruguay llega a ser de 8 puntos si se toma en consideración un grupo más amplio, de 4 a 17 años.

Por otro lado, en los casos de discapacidad severa, casi la cuarta parte de los niños de 4 a 9 años (177) nunca ha asistido a un centro educativo.

Entre los niños de 10 a 14 años, la proporción representa un 16% de los niños (132).

NIVELES

Para las investigadoras, todos los cruzamientos de datos determinan la persistencia de barreras para que los niños con mayor grado de discapacidad logren acceder a las escuelas comunes.

En los casos de la discapacidad leve, el 91% de los niños asiste a la educación común y un 9% a la especial.

Para el caso de la discapacidad moderada, esta relación pasa a ser de 67% y 33% respectivamente.

Y en el de discapacidad severa la situación se invierte, puesto que el 66% asiste a la educación especial y solo el 33% a la común.

TRABAS

Uno de los problemas que se presentaron en la investigación de Cainfo y FUAP, fue la falta inicial de respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública que se presentaron ante la ANEP y el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). Después de una acción judicial amparada en la ley 18.381 y durante el proceso ante los tribunales, desde el organismo de enseñanza se entregaron algunos datos, pero indicando no contar con otros vinculados a la matriculación de niños con discapacidad en los centros de educación común a su cargo, la información presupuestal requerida, gran parte de la información sobre recursos humanos y los datos sobre accesibilidad de los locales educativos.

Acuerdo mediante con Cainfo, la Inspección Nacional de Educación Especial quedó encargada de recabar la información con las Inspecciones Departamentales, en cada una de las escuelas comunes de todo el país, tarea dificultosa sobre todo en algunas poblaciones muy vulnerables.

Esto obligó a que los evaluadores de Cainfo debieron actuar con cautela, como también al interpretar ciertas categorizaciones de ANEP, por ejemplo la que incluye entre los discapacitados mentales a “un alto número de casos de niños y niñas con trastorno de conducta”, en lo que puede definirse como un sobrediagnóstico.

A pesar de las anomalías, desde Cainfo se resalta que ANEP haya realizado el primer relevamiento de la historia sobre discapacidad y educación en Uruguay, abarcando la totalidad de las escuelas comunes, y sumando la información obtenida al registro ya existente de escuelas especiales.

FALTAN MAESTROS ESPECIALIZADOS

La idea de que los niños y niñas con discapacidad tienen el mismo derecho que sus pares sin discapacidad cuenta con un amplio respaldo jurídico internacional.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizada en el ámbito del Sistema de Naciones Unidas, que entró en vigor en 2008, supuso un cambio de paradigma en el mundo de los derechos humanos respecto a este grupo de la población, y buscó superar los abordajes asistencialistas que habían primado durante décadas., se dice en el informe de Cainfo.

Como parte de las obligaciones internacionales del Estado uruguayo, en febrero de 2010 el parlamento aprobó la ley 18.651, de protección integral de personas con discapacidad. Allí se destaca que “la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, desde la educación inicial en adelante, determina que su integración a las aulas comunes se organice sobre la base del reconocimiento de la diversidad como factor educativo”.

Según ha sostenido Naciones Unidas, los Estados deben garantizar además que los maestros estén debidamente formados para educar a los niños y niñas en las escuelas regulares, y conseguir que alcancen los mismos niveles de educación que sus compañeros sin discapacidad.

Aun cuando se nota un aumento de maestros que hacen el posgrado, al año 2012, el 65% del plantel docente de las escuelas especiales tenía capacitación.

En 2009, era el 55% del plantel; en 2010 el 45%, y en 2011 el 40%. Son 408 los maestros que trabajan en Montevideo y 554 en el interior.

Por dentro del staff de educación común, son pocos los docentes especializados en educación inclusiva: 243 en todo Uruguay, cuando según ANEP hay 5.821 niños con discapacidad que asisten a la educación común.

“La formación docente resulta en este momento uno de los nudos que se identifican para avanzar en la inclusión”, se concluye en el detallado informe de Cainfo.

DATOS del CENSO 2011 y de ANEP

De acuerdo a la información del último Censo 2011, en Uruguay existe un total de 714.962 niños y niñas entre 0 y 14 años. De este total, 37.953, (el 5%) tiene algún tipo de discapacidad permanente.

El 67% de los niños con discapacidad vive en el interior del país, y el 33% en Montevideo. En la mayoría de los departamentos esta población oscila entre el 5 % y el 6%, destacándose el menor porcentaje en Maldonado (4%) y el mayor en Treinta y Tres (7%).

A medida que los niños y niñas son más grandes, la prevalencia de alguna discapacidad es mayor: 2498 de 0 a 4 años (1%), 14.758 de 5 a 9 años (6%), y 20.657 de 10 a 14 años (8%). Esto se debe, entre otras razones, a que la detección de las patologías se da a distintas edades. El Censo releva la discapacidad para ver u oír desde antes del primer año de vida, la discapacidad para caminar o subir escalones desde los 2 años, y la discapacidad para entender y aprender desde los 6 años.

El 46% de los niños de 10 a 14 años con discapacidad, tiene una patología intelectual. Le siguen los casos de la discapacidad para ver, con un 36%. La discapacidad motriz y la auditiva son padecidas -cada una- por un 9% de los niños.

Se observa una alta prevalencia de la discapacidad leve en 26.757 niños (70% del total de casos). La discapacidad moderada afecta a 9.333 niños (25%), y la severa comprende a 1.845 niños (5%).

Según datos relevados por la ANEP, en el año 2013 hay 13.449 niños con discapacidad asistiendo a centros de educación públicos a cargo del organismo. De ese total, 7.628 (57%) están matriculados en educación especial, mientras que 5.821 (43%) asiste a las escuelas comunes.

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