Contrato social y abusos de funciones

‘‘Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana’’, sólo cabe recordar y artigasaplicar estas sabias palabras de nuestro prócer José Gervasio Artigas.

LA VIOLENCIA LEGÍTIMA ESTATAL

 

El Estado moderno se legitima a través de la idea de la seguridad para los individuos que conforman una comunidad política. Éstos tienen que ceder al Estado su derecho a ejercer la fuerza y la violencia bajo la idea de que éste podrá resguardar la integridad y los derechos de cada uno de sus miembros. Sin embargo, el Estado, asumiendo este derecho y esta legitimidad utiliza la violencia contra los mismos miembros de la comunidad sobrepasando el estado de derecho que promete resguardar.

Este ensayo tiene la finalidad de dar algunas claves para evidenciar la contradicción inherente al fundamento de la utilización de la violencia por parte del Estado al asumirla como legítima.

Introducción

John Locke, uno de los filósofos más importantes de la teoría política liberal, señalaba que la sociedad civil (sociedad política) se conformaba bajo el fundamento de asegurar de la manera más cabal la vida del individuo miembro de la comunidad. En otras palabras, para preservar la igualdad y la libertad que se tenía en el Estado de Naturaleza.

El poder de la sociedad política, que supone la cesión del uso de la fuerza individual para la autoconservación a la misma sociedad política, se reduce a asegurar y conservar los derechos y las propiedades de cada miembro de la sociedad. A un conjunto de individuos se les encomienda el ejercicio de ese poder político. Estos individuos, encargados de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, están obligados a gobernar según las leyes establecidas y conocidas por el pueblo, y no por decretos arbitrarios. Debe utilizarse la fuerza de la comunidad en lo interior sólo para la ejecución de las leyes y exteriormente para prevenir y repeler injurias extranjeras, para cubrir a la comunidad contra invasiones. Todo esto para asegurar la tranquilidad, seguridad y felicidad del pueblo.[2]

En la teoría moderna del derecho natural el Estado se erige sobre el contrato social, en el que los individuos ceden su poder de ejercer la violencia por su propia mano y asegurar su supervivencia a representantes que conforman un gobierno (Estado). Éste, debe, precisamente, asegurar lajusticia y supervivencia de los contratantes, y debe, de implementar los medios necesarios para que esa justicia y supervivencia se aseguren.

Este trabajo tiene como eje de reflexión el tipo de violencia y la justificación de ésta que los miembros de la comunidad política y el Estado asumen para su ejercicio por parte de esta última entidad. Se darán algunas claves para evidenciar la contradicción inherente al fundamento de la utilización de la violencia por parte del Estado al asumirla como legítima.

La legitimación de la violencia estatal a partir de los cuerpos policiales

¿Cómo y a través de qué medios se legitima la violencia Estatal? El Estado moderno finca, entre sus bases, un estado de derecho, y con éste la implementación de la violencia legítimamente legal. De acuerdo con Walter Benjamin el sentido de la distinción entre violencia legitima e ilegitima puede ser establecida tomando como base el derecho positivo, en el cual se “exige la identificación del origen histórico de cada forma de violencia que, bajo ciertas condiciones recibe su legitimación, su sanción”.[3] Entonces, la distinción se establece en cuanto a los fines cuyo medio implica la violencia. Por un lado, los fines que carecen de reconocimiento histórico pueden ser catalogados como naturales, y los que si tienen ese reconocimiento, como fines de derecho. El objetivo del estado de derecho es limitar la violencia frustrando fines naturales personales en los casos en que para lograrlos se necesite de la violencia. Entonces, el orden legal, “insiste, en todos los ámbitos en que fines personales puedan satisfacerse mediante la violencia, en establecer fines de derecho que, solo a su manera puedan ser consumados usando violencia legal”.[4] Así, los fines de derecho colisionan directamente con los fines naturales cuando requieren la utilización de la violencia. El derecho considerara que la violencia en manos de personas individuales constituye un peligro para el orden legal. La violencia tiene que ser aplicada por las instancias del derecho para que sea legal.

Benjamin plantea la posibilidad de que, de acuerdo con lo anterior, podría considerarse la posibilidad de que el interés del derecho al monopolizar la violencia en sus manos no exprese la intención de defender los fines del derecho, sino al derecho mismo.[5] En esta pretensión, el Estado no duda en utilizar la violencia para sus fines. La violencia actúa, por un lado, como medio para fines de derecho ya que la sumisión de los ciudadanos a las leyes es un fin de derecho. Aquí, de acuerdo con Benjamin, la primera función de la violencia es fundadora de derecho y la segunda es la de conservar el derecho.[6] Esta expresión de la violencia de Estado, en sus dos formas, se materializa en la institución policial. La violencia policial es fundadora de derecho porque su objetivo es el de estar centrado, no en la promulgación de leyes, sino en todo edicto que se deje administrar. Es conservadora de derecho porque se pone a disposición de esos fines.

De acuerdo con Benjamin el derecho de la policía indica el punto en que el Estado, por “impotencia o por los contextos imánenles a cada orden legal”, es incapaz de garantizar por medio del orden de derecho los propios fines que persigue a toda costa.[7] Además, la violencia policial, que es violencia de Estado no tiene fundamentación de algún tipo.

El Estado en repetidas ocasiones, a través diversas determinaciones, hace patente el tipo de violencia legítima que supone su fundamento estructural pero que, sin embargo, sus mismos fines desenmascaran su ilegitimidad (dentro del contexto de los fines de derecho que la legitimarían). Estas múltiples disposiciones (cateos y detenciones sin orden judicial, interferencia de comunicaciones personales, aseguramiento de cuentas bancarias, etc.) muestra la incapacidad del Estado de garantizar el orden legal a través de los medios que implicaría un estado de derecho. Cuando se argumenta que éstas se implementan para no permitir que los criminales se refugien en instituciones débiles o en deficiencias legales, se pretende sobrepasar el derecho para mantenerlo, ya que las determinaciones no están encaminadas a la implementación de nuevos fines, sino a los medios. Se supone justificar los medios a partir de los fines, que es lo que imposibilita hacer la reflexión crítica de la violencia. Así, toda violencia del Estado es justificable.

 

La violencia identitaria

El Estado para poder ejercer y legitimar la violencia ante la comunidad política, tiene que recurrir a un tipo de violencia que podría denominarse identitaria. ¿Cuál es esa violencia identitaria? Nietzsche en La genealogía de la moral señala que la pena posee el valor de despertar en el culpable el sentimiento de culpa.[8] El sentimiento de la culpa, señala Nietzsche: “ha tenido su origen en la mas antigua y originaria relación personal que existe, en la relación entre compradores y vendedores, acreedores y deudores: fue aquí donde por vez primera se enfrento la persona a la persona, fue aquí donde por vez primera las personas se midieron”.[9]

Esta relación seguiría manteniéndose entre los miembros de la comunidad. Es decir, la relación de la relación acreedor-deudor. El vivir en sociedad implica las ventajas que implica esta relación. Es decir, las de vivir protegido, bien tratado, en paz y confianza; tranquilo respecto a ciertos prejuicios y ciertas hostilidades a que se expone el individuo fuera de ella, el proscrito. Pero, también hay implícitas obligaciones. Está obligado con la comunidad en lo que respecta a esos “prejuicios y hostilidades”. Si falta a estas obligaciones, la comunidad hará pagar. Dice Nietzsche:

el delincuente es ante todo un “infractor”, alguien que ha quebrantado, frente a la totalidad, el contrato y la palabra con respecto a todos lo bienes y comunidades de la vida común, de los hasta ahora había participado. El delincuente es un deudor que no solo no devuelve las ventajas y anticipos que se le dieron, sino que incluso atenta contra su acreedor; por ello a partir de ahora no solo pierde, como es justo, todos aquellos bienes y ventajas, -ahora, antes bien, se le recuerda la importancia que tales bienes poseen.[10]

 

El acreedor perjudicado, la comunidad, devuelve al infractor al estado de naturaleza, al estado sin ley. A él, al infractor, se le descarga la hostilidad de la comunidad. En este sentido es penado, ha adquirido una pena. Sin embargo, este tipo de pena, de acuerdo con Nietzsche, en el nivel de las costumbres, es la copia del comportamiento normal frente al enemigo odiado. Éste, el que ha adquirido la pena, ha perdido todo su derecho y proyección. Además, “ha perdido (…) toda su gracia: es decir, el derecho de guerra y la fiesta de victoria del vae victis […] en toda su inmisericordia y en toda su crueldad”.[11] Sin embargo, a medida que el poder de la comunidad se acrecienta, el infractor deja de ser un proscrito y expulsado. Ahora será defendido y protegido de la cólera, y contra los inmediatos perjudicados. Así, nace la justicia. Nace bajo la premisa de que todo es pagable y que tiene que ser pagado. La justicia, en término nietzscheanos, es la venganza santificada.

El individuo, el infractor, entraría en estado de excepción, es decir, es excluido de la norma general. Pierde los derechos que le confería la comunidad y, por esta razón, está exceptuado de la regla. El infractor no está en un estado de anomia, abandonado a las leyes o instintos de la naturaleza. Dice el filósofo español Reyes Mate al respecto:

Lo singular de la excepcionalidad es que se borran las fronteras entre el hecho y el derecho. El derecho queda, sí, suspendido, pero el estado en el que de hecho queda abandonado el hombre no es un hecho bruto que escape al derecho. Se toma al hecho de carecer de todo derecho como un estado normativo, como derecho. En realidad, ni hay derecho no hecho bruto sino la más absoluta indefinición del individuo.[12]

 

El individuo que infringe no regresa a un estado de naturaleza fuera de toda ley y derecho. El infractor debe de pagar por la falta que cometió. Está sometido totalmente al castigo implacable que el derecho le reserva en el estado de excepción.

Puede verse la violencia que esta implícita. Por un lado, la aplicación violenta del castigo. El contrato debe ser pagado plenamente. El infractor no puede deshacer el contrato bajo ninguna circunstancia. Inclusive, se pretende que el infractor sea reformado para ser de nuevo un contratante.

Por orto lado, la misma idea del contrato enmascara una violencia mayor. Dice Marx en elManifiesto del partido comunista que la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases.[13] Él descubría que la sociedad burguesa, cuyo representante es el Estado liberal moderno, se erigió sobre las ruinas de la sociedad feudal, y creó una nueva constitución social y política.[14] Dice Marx: “La condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos de particulares, la formación y el acrecentamiento del capital”.[15] Podemos decir que toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha, una historia de violencia. En esta violencia los marcos legales, de derecho, se construyeron sobre esa misma violencia, y no sólo éstos, sino que cualquier producto cultural.* De esta forma, la idea del pacto se inscribe en la mitología de la burguesía. El origen del Estado es la dominación, es el poder, es la violencia. Dice Nietzsche refutando la idea del contrato social:

… el Estado mas antiguo apareció, (…) como una horrible tiranía, como una maquinaria triturada y desconsiderada, y continuo trabajando de ese modo hasta que aquella materia bruta hecha de pueblo y de semianimal no solo acabo por quedar bien amasada y maleable, sino por tener también una forma. He utilizado la palabra «Estado»: ya se entiende a que me refiero –una horda cualquiera de rubios animales de presa, una raza de conquistadores y de señores, que organizados para la guerra, y dotados de la fuerza de organizar, coloca sin escrúpulos algunos sus terribles zarpas sobre una población tal vez tremendamente superior en nuecero, pero todavía informe, todavía errabunda.[16]

Nacemos y nos desarrollamos dentro de un marco legal que presupone obediencia. La desobediencia presupone un castigo. La obediencia presupone protección e identidad. Una expresión de esta identidad es la ciudadanía. Sin embargo, el infractor no pierde su ciudadanía, tiene que pagar el costo de su infracción a través diferentes formas que van desde la restitución de un bien material hasta la propia vida. La restitución de la infracción (la cual, sin importar cual sea, puede ser pagada) supone la inserción, de nuevo, en el orden legal, así como la restitución de la ciudadanía. El criminal no deja de ser ciudadano, es una especie de sub-ciudadano.

Cuando se decreta que los cuerpos policiales pueden invadir la privacidad de cualquierciudadano bajo el pretexto de la protección de estos mismos, se supone que los ciudadanos son criminales en potencia. El marco legal, que representa la violencia de origen, es decir, de sumisión de los individuos, inclusive desde antes del nacimiento, confiere la identidad. En otras palabras, la violencia histórica del marco legal confiere la identidad a las personas. Una identidad que está mediada en todos los sentidos por el marco legal. La forma paroxística de esta violencia identitaria se expresa en determinaciones como la intervención de comunicaciones o detenciones y cateos sin orden judicial. La intervención telefónica y la libre disposición de información confidencial violentan directamente a la ya violentamente impuesta ciudadanía. El buen ciudadanoes el que debe estar dispuesto a ser sometido a un posible escrutinio por los cuerpos policiales para ser diferenciado del mal ciudadano, es decir, del criminal. Además, debe decirse que estadisposición permea la conciencia moral de la sociedad. Aquí no debe de perderse de vista que los marcos de derecho son producto de un proceso histórico violento y no de un pacto social, como ya se señalaba más arriba. De esta forma, el marco de derecho es arbitrario y en su parte sustancial no es producto de un acuerdo. Se sigue que la concepción moral y jurídica del buen ciudadano es arbitraria. Es éste, creo, el grado de la violencia identitaria.

 

Consideraciones finales.

El Estado tiene la necesidad de implementar diferentes formas de violencia que se suponen como legítimas para poder asegurar los fines mismos para los que se instituye, pero que sobrepasan el estado de derecho que se pretende instituir. Violencia que, a demás de ser física, se expresa en un sentido identitario y moral. Es un tipo de violencia que no tiende fundamento porque se origina a partir de una contradicción histórica inherente a sí misma. Al no tener fundamento todo tipo de violencia se puede justificar por la violencia misma. El tipo de justificación que se utiliza en el caso en cuestión es el de la seguridad de lo ciudadanos que se adjudica proteger el Estado. Esta justificación esconde, precisamente, el vacío de fundamento.

Ante esta situación es imperante plantear un análisis de los fundamentos sobre los que se erige el Estado moderno y la forma de violencia, física y moral, sobre los ciudadanos o miembros de la comunidad política. El ejercicio crítico debe desenmascarar el vació de fundamento que implica este tipo de violencia y luchar, de esta forma contra ésta.

Bibliografía

Benjamin, Walter, Iluminaciones IV. Para la crítica de la violencia y otros ensayos, Taurus, Madrid, 1991, pp. 164.

– Roberto Israel Rodríguez Soriano

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