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Madres reconocen en los juzgados que no pueden con sus hijos

Nueve de cada 10 familiares que retiran a menores infractores de los Juzgados son madres, jefas de hogar, a cargo de varios hijos de distintos padres y con trabajos variados, principalmente en el servicio doméstico.

Así lo señaló el fiscal de Adolescentes Gilberto Rodríguez en un seminario sobre la minoridad infractora y la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia efectuado en un salón de la Bolsa de Valores.

“La realidad que se ve en los juzgados es que de cada 10 padres que van a retirar a sus hijos que deben enfrentar alguna medida socioeducativa, nueve son mujeres y uno es hombre. Estas mujeres manejan valores distintos a los existentes en la sociedad”, dijo el fiscal, en alusión a que deben enfrentar una dura realidad provocada por trabajos de escasa remuneración (domésticas) y muchos hijos de distintos padres.

Según el fiscal, muchas de estas madres reconocen en los juzgados que no pueden con sus hijos. “El problema se hace mucho más evidente cuando los adolescentes tienen 16 o 17 años”, señaló el fiscal.

Ante un público compuesto por operadores judiciales, técnicos y víctimas de delitos, Rodríguez dijo que la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad ocurre cuando un padre puede hacer algo y no lo hace. También recordó casos ocurridos en juzgados de Adolescentes donde los magistrados dejaron en libertad a los menores sin que aparecieran los padres para hacerse responsables por los mismos, pese a que se había probado su culpabilidad y debían enfrentar una medida socioeducativa.

 

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Zubía coincidió con Rodríguez que, en ocasiones, los jueces de Adolescentes de distintos turnos entregaron menores culpables de delitos a “padres fantasmas. Nadie estaba presente para hacerse responsable por ese menor”.

El fiscal recordó que en el Parlamento hay tres proyectos de ley -del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Independiente- que endurecen las penas para menores infractores, se establece internaciones mínimas para delitos graves y se sanciona la tentativa de rapiñas, entre otros cambios.

Explicó que el proyecto del Partido Nacional promueve que los padres deberán informar al Juzgado de Adolescentes si no pueden obligar a su hijo a cumplir con la medida educativa y, en caso de que no lo hagan, serán pasibles de ser procesados por no cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad.

El fiscal Carlos Negro señaló que la responsabilidad de los padres era un aspecto con distintas aristas y se preguntó cuántos representantes del Ministerio Público estarían dispuestos a pedir el procesamiento de un padre del barrio Carrasco, cuyo hijo le robó las llaves del auto y protagonizó luego un grave accidente de tránsito. “Seguramente serán pocos los fiscales que harán un planteo de ese tipo”, dijo.

Durante la ronda de preguntas a los fiscales de Menores, la presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, Graciela Barrera de Novo, dijo que sufrió amenazas y debió convivir con allegados de los agresores cuando concurrió a un juzgado penal a ratificar una denuncia. “¿Por qué es tan difícil instalar divisiones y entradas diferentes? En mi caso he pensado no volver a presentar denuncias”, dijo.

El fiscal Rodríguez le dijo a Barrera de Novo: “lo que usted vivió es un proceso de revictimización. No es necesario aprobar nuevas leyes, se necesita cabeza para solucionar ese problema”.

Por su parte, Zubía dijo que las víctimas de delitos no comparecen en los juzgados porque tienen “un descreimiento profundo” en el sistema judicial de menores. Agregó que la víctima sí concurre cuando se entera que la Policía incautó elementos robados por el delincuente.

“En el último turno -finalizado días atrás- cuatro víctimas no se presentaron a ratificar las denuncias”, dijo Zubía.

Indicó que en el Poder Judicial no hay infraestructura para alojar a las víctimas y una “falta de preocupación” por las mismas. “Muchas veces las víctimas son vistas como objetos de derechos, como un testimonio”, advirtió.

Ejemplo chileno

En la charla sobre minoridad infractora, el fiscal Gustavo Zubía dijo que el Código de Chile es mucho más duro en materia de penas que la legislación uruguaya, ya que establece una pena máxima de 10 años para delitos graves. “Nadie dice que el modelo chileno viola normas internacionales”, dijo.

El País Digital
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Las cifras meten miedo

Los jóvenes y el alcohol

El consumo abusivo de alcohol, en particular entre los jóvenes, es uno de los problemas que acechan de forma creciente a la sociedad uruguaya. Una campaña oficial organizada por la Junta Nacional de Drogas intenta desde tiempo atrás atacar las causas del mal que hace carne entre los jóvenes, influye directamente en la delincuencia juvenil y es causa principal de los accidentes fatales en el tránsito.

 

Las cifras meten miedo. Una encuesta realizada el año pasado por el Observatorio Uruguayo de Drogas, con apoyo internacional, entre más de un centenar de centros de enseñanza media reveló que un 52% de los 4.503 encuestados consumen habitualmente alcohol, cifra que crece a un 72% a partir de los 17 años. Un 66% de esos consumidores habituales admiten haber vivido uno o más episodios de abuso en los 15 días previos a la encuesta. La conclusión es que uno de cada tres jóvenes se emborrachó o estuvo cerca de hacerlo en un lapso de dos semanas lo cual marca un aumento alarmante respecto a una encuesta similar efectuada en 2009.

Uno de los efectos más deplorables de ese fenómeno son los accidentes de tránsito, la mayor causa de mortalidad en personas con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Se sabe que en Uruguay un 40% de los casos con resultado de muerte o heridas gravísimas se deben al consumo excesivo de alcohol. Con relación a los crímenes cometidos por los menores hay estadísticas que demuestran que una porción relevante de los mismos son cometidos por adolescentes en estado de ebriedad o de euforia provocada por la bebida frecuentemente mezclada con drogas.

Ante semejante cuadro de situación, la solución, por cierto, no es prohibir, sino adoptar medidas para contener y prevenir la expansión del mal. De acuerdo a la experiencia internacional en la materia, una acción esencial es extremar la vigilancia y los controles para evitar la venta de bebidas alcohólicas a los menores. Países tan distantes entre sí como Chile y Estados Unidos han realizado campañas en ese sentido con buenos resultados. En este último caso, el lema difundido entre los puntos de venta es “No le servimos a menores”, rótulo bajo el cual se incluyen reglas estrictas para los comercios habilitados, horarios de expendio limitados y un programa de orientación que contiene un llamado a responsabilidad a los vendedores.

Aunque en nuestro país se prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años es fácil comprobar que existen asiduas violaciones a las normas. Conjuntamente con el Inau, la Junta Nacional de Drogas hizo en los primeros 40 días de este año 1.600 inspecciones en locales de expendio. A 65 de ellos, ubicados en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, se les aplicaron sanciones. La duda que surge al respecto es si las sanciones previstas en las normas vigentes son lo suficientemente fuertes como para evitar los múltiples casos de reincidencia verificados.

Las campañas educativas son otro recurso esencial. En las recientes jornadas de carnaval, bajo el lema “La sed sacátela con agua”, varios organismos estatales, coordinados por la Junta, distribuyeron entre el público folletos con recomendaciones sobre el tema. Aunque en algunos sitios la gente hizo caso omiso a esos consejos como ocurrió notoriamente en La Pedrera, fue una buena iniciativa.

De todos modos, una golondrina no hace verano, por lo que convendría elaborar y aplicar un plan nacional a largo plazo en donde el Estado y los sectores privados involucrados en el tema conjuguen sus esfuerzos para combatir este flagelo. El sistema educativo no puede estar ausente de esa dinámica máxime cuando se sabe que el 72% de los adolescentes consume habitualmente alcohol y que la edad de inicio del consumo viene bajando sustancialmente hasta ubicarse hoy en los 13 años. Es preciso reducir el acceso en edades tempranas al hábito del alcohol. Si bien el problema de abuso del alcohol no es novedoso en nuestro país, el aumento del consumo en general, y su auge entre los jóvenes en particular con los terribles efectos que ello acarrea para la familia y la sociedad, justifican la aplicación de una estrategia nacional. Aunque la Junta Nacional de Drogas y otros organismos estatales están recorriendo ese camino es mucho lo que todavía falta por hacer para aventar definitivamente esa amenaza.

El consumo abusivo de alcohol se expande entre los menores, gravita en los accidentes de tránsito e incide en la delincuencia juvenil.