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El mal en la enseñanza no es el cuánto, es el cómo

Mayor educación de los padres influye directamente en los ingresos familiares

También provoca que los jóvenes alcancen niveles más altos de educación secundaria y terciaria, según un estudio del economista Gabriel Oddone, de CPA Ferrere, presentado en el Liceo Jubilar.

Basta que un miembro del hogar (cuatro personas) tenga estudios terciarios para que el hogar pase del 1º quintil (ingreso menor a $ 15.715) al 2º quintil (ingreso de entre $15.716 y 22.224). Lo mismo sucede si en el hogar hay un integrante que tenga completos sus estudios universitarios. Esto posibilita que la familia pase del 2º quintil al 3º (ingreso de 24.225 a 34.498), establece un estudio del economista de CPA Ferrere, Gabriel Oddone.

El estudio lo presentó este martes en el marco del ciclo de conferencias “Educación: herramienta para el desarrollo y la inclusión”, organizado por el liceo Jubilar, del que también participaron los economistas Javier De Haedo e Ignacio Munyo y el exdirector del instituto el presbítero Gonzalo Aemilius.

El economista destacó que en aquellos hogares donde hay adultos con más de nueve años de estudios, se prolonga los años escolares de los menores, estos difieren más su ingreso al mercado laboral y tienen posibilidades de tener una mejor preparación que la de sus padres. En cambio, si los padres tienen bajos niveles educativos es más fácil que los jóvenes abandonen sus cursos.

Oddone insistió además en que para mejorar el sistema educativo “hay que ir hacia la descentralización”. De hecho, el economista puntualizó que Uruguay es el país de América Latina que experimentó el menor progreso en la reducción de la brecha educativa entre 1995 y 2009.

El economista Javier De Haedo coincidió con esto y expresó que el sistema educativo de Uruguay “amplifica las diferencias”. “Las nuevas generaciones van a tener una peor distribución del ingreso que el que tienen sus padres” y esto va a llevar a la “guetización” de la sociedad. De Haedo argumentó que, según los índices de desarrollo humano, conviven en Uruguay realidades propias de Finlandia (en barrios como Punta Carretas, Pocitos, Carrasco) y de Afganistán (en Casavalle, Punta Rieles, Puntas de Manga).

El estudio del economista Ignacio Munyo de Ceres “Hacia un desarrollo socialmente armónico: el desafío de la calidad educativa” va en el mismo sentido. Si en Uruguay se lograran equiparar la calidad y los resultados educativos de los alumnos pertenecientes a contextos desfavorables a los de aquellos que viven en contextos favorables, se lograría reducir la delincuencia un 40%, se señala.

En las pruebas PISA de 2009, los alumnos provenientes de contextos muy desfavorables o desfavorables alcanzaron un puntaje de 370 y 395 respectivamente, mientras que aquellos que originarios de contextos muy favorables llegaron a 495.

A su vez, en los últimos 15 años la delincuencia en nuestro país se ha multiplicado por cuatro y el 40% de los delitos son cometidos por adolescentes, que en su mayoría no lo hacen por necesidad, sino como una opción. Según Munyo, esto sucede porque los jóvenes perciben que el “botín” que pueden obtener por la vía ilegal es mayor que el salario que pueden alcanzar por la vía legal. A esto se suma que los costos de la delincuencia son muy bajos: los jueces ni siquiera les inician la causa y si lo hacen son muy pocos meses los que permanecen detenidos. En tanto, el “botín” evoluciona según la riqueza del país, que en 2003 era de U$S 12.000 millones y en 2009 llegó a U$S 50.000 millones.

De aquí que si se logra inculcar a los jóvenes de los contextos desfavorables que trabajando y percibiendo un salario van a poder salir adelante, la delincuencia se reduciría un 40%, según Munyo.

Por esta razón, el exdirector del Liceo Jubilar, el presbítero Gonzalo Aemilius cerró el ciclo instando a no dejar de dar oportunidades a los jóvenes. “No tenemos derecho a mirar la realidad y no invertir en ella. No tenemos derecho a seguir robándoles a los jóvenes oportunidades”.

MÁS FUENTES PARA ESTA NOTA:

Mayor educación de los padres influye directamente en los ingresos 

El Observador – ‎25/06/2013‎
También provoca que los jóvenes alcancen niveles más altos de educación secundaria y terciaria, según un estudio del economista Gabriel Oddone, de CPA Ferrere, presentado en el Liceo Jubilar. + – 25.06.2013, 13:57 hs – ACTUALIZADO 13:57 Texto: -A / 

El problema de la educación es la gestión, no el presupuesto

Subrayado – ‎25/06/2013‎
Lo dijo el economista Javier De Haedo en una conferencia junto a otros colegas donde analizaron la educación uruguaya y la experiencia del Jubilar. La educación uruguaya está perdiendo competitividad en materia de capital humano, dijo el economista 

SUCEDE HOY:

“COCINARTE” – Comenzó concurso regional de chefs

Los himnos uruguayo y argentino volvieron a entonarse ayer en la inauguración oficial de “Cocinarte”, el ya tradicional evento gastronómico que este año cumple 10 años, demostrando así su vigencia en el país en la región y en el continente.Más de 60 equipos de distintos puntos del territorio y de países de la región competirán en diferentes categorías: amateur, estudiante y profesional y serán valorados por un jurado de excelencia.

Hacia la aventura de la Ruta Quetzal
Los ganadores fueron Florencia Lecha Regueira (Liceo Nº 35– Montevideo) y César Santiago Pereira Santos (Liceo Nº 1 – Salinas), que recibieron pasajes aéreos y las mochilas que los acompañarán durante toda la travesía.

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“Intereses gremiales, sindicales y corporativos transformaron en víctimas a la sociedad”

“Sindicatos dominan educación e INAU”

El economista de Ceres, Ignacio Munyo, elaboró un modelo económico para explicar el incremento de la delincuencia juvenil en Uruguay en los últimos 15 años, acusó a los sindicatos de la educación y del INAU de “paralizar” al gobierno.

Los sindicatos paralizan al gobierno desde que Tabaré Vázquez (2005) les otorgó las riendas del país.

Además advirtió que ambos gremios neutralizan dos tareas clave para combatir la minoridad infractora: educar en los contextos más desfavorables para fomentar el retorno a las actividades legales, y lograr una rehabilitación efectiva de los menores para que, una vez que están internados, no salgan peor de lo que entraron al sistema.

“La inacción en la educación se tradujo en una acción de la delincuencia”, dijo Munyo, profesor de Econometría en la Universidad de Montevideo.

En este momento, el sistema educativo “no es capaz de dar respuestas” a los habitantes de contextos más desfavorables de Montevideo. “Para atender a esta población, hay que adaptar el modelo de gestión de cada liceo a su barrio. Ello significa permitir una autonomía de gestión”, dijo.

Señaló que, de acuerdo a evaluaciones internacionales -las pruebas PISA-, siete de cada 10 menores de 15 años no logran los niveles mínimos de educación para insertarse con suficiencia en los mercados de trabajo. Además citó estudios publicados por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales que demuestran que el retorno esperado de la educación de las personas que viven en estos contextos desfavorables no es rentable. “Estas personas no recibirán en el futuro un salario que les compense estar hoy en ámbitos educativos formales. Porque el sistema no les otorga habilidades suficientes para ingresar al mercado formal de trabajo. En algún sentido les es más óptimo abandonar los estudios”, explicó.

Munyo también apuntó sus baterías contra los hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), organismo que depende del INAU. “Antes de cambiar el Código de la Niñez y la Adolescencia, hay que pensar en rehabilitar a los menores infractores. Hoy en día no se está cumpliendo la tarea de rehabilitación de los adolescentes”, señaló.

Munyo dijo que, con excepción del Hogar Ituzaingó que cuenta con un programa de rehabilitación, los otros establecimientos de la Colonia Berro “son meros lugares de encierro”.

“Si se sale del Ituzaingó y se camina 20 metros por un camino, se encuentra con lo más parecido al infierno: una casa, triple perimetral, barrotes en la ventana y no se mueve ni una mosca. Allí están metidos los mismos 70 adolescentes que en el Hogar Ituzaingó”, explicó.

El experto indicó que, en los últimos 15 años, los delitos totales se han duplicado, en tanto que las rapiñas, que involucran el uso de violencia física contra las personas, han aumentado de manera exponencial multiplicándose por cuatro. En este contexto, agregó, el número de rapiñas cometidas por adolescentes creció tres veces más de lo que lo hicieron los atracos efectuados por adolescentes.

“Eso se explica por un cóctel explosivo: malos niveles de educación que imposibilitan que adolescentes de escasos recursos accedan a trabajos bien remunerados, probabilidad de aprehensión bajísima para los menores infractores tras cometer un delito (uno de cada 10), legislación leve, penas inexistentes (promedio de internación de tres meses) y botín exultante por la bonanza económica”, indicó.

Munyo dijo que la incidencia de la pasta base también es uno de los factores que explica el aumento de la delincuencia juvenil. “Una de las conclusiones del estudio es que el factor de la pasta base influye en la delincuencia juvenil pero solo en un 10%. Pero no es el más importante”, advirtió.

En una conferencia en el Hotel Sheraton, Munyo presentó un trabajo que le demandó dos años de investigación titulado: “Los dilemas de la delincuencia juvenil en Uruguay“. El estudio constató que es rentable delinquir para los menores infractores, porque de cada 100 delincuentes juveniles solo 10 son atrapados. De esos 10, cuatro se van en libertad y seis son internados. En tanto, dos se fugan y los otros cuatro están internados durante tres meses promedio.

El impacto de la baja de la edad de imputabilidad

La baja en sí de la edad de imputabilidad implica que los menores entre 16 y 18 años que comentan delitos serán juzgados por penas del Código Penal. Estas son más duras que el Código de la Niñez y la Adolescencia. “Por un lado se encuentra el efecto disuasión. El tema es que muchas veces este se compensa por otros efectos perversos que funcionan al mismo tiempo: el efecto estigma que se genera a una persona recluida a la hora de salir a buscar trabajo tras obtener la libertad, y la escuela del crimen que existe en todo centro de reclusión”, dijo.

En su estudio, Munyo también planteó la necesidad de que la Policía mejorara su rendimiento a la hora de detener delincuentes adultos o adolescentes. “La baja tasa de captura es un tema de eficiencia policial para resolver delitos. En parte por desconfianza de las víctimas por no ir a hacer las denuncias”, dijo.

“Cuando el adulto va a una comisaría, automáticamente se le inicia un proceso judicial. Sin embargo, cuando el adolescente es atrapado, el juez resuelve iniciar o no proceso al menor. Hay que cambiar las leyes”, dijo Munyo.

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Difícil acceso al crédito limitó inversión industrial

Investigación de últimas tres décadas

Beneficios fiscales compensaron parte de la restricción

El acceso al crédito actuó como una “limitante” al momento de invertir en la industria en el período 1970-2010, lo que en parte fue compensado por los diferentes regímenes de promoción de inversiones, existentes desde 1974.

 

Eso surge de una investigación que realizó el economista Diego Vallarino -consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y el PNUD, entre otros- sobre determinantes de la inversión industrial entre 1970 y 2010 como parte de su tesis de doctorado en Historia Económica de la Universidad de la República. Vallarino adelantó a El País algunos de los resultados encontrados.

Tras relevar a 2.032 dictámenes de proyectos de inversión presentados y aprobados a los regímenes promocionales existentes en Uruguay, el economista dijo a El País que “el acceso al crédito actuó como una limitante” a la hora de decidir una inversión en el sector industrial e incluso en las empresas que recibieron beneficios fiscales, los límites en el acceso al crédito redujeron su capacidad de inversión.

Para la investigación, Vallarino tomó solo los proyectos industriales ya que el primer régimen de promoción de inversión era únicamente para ese sector: la ley de Promoción Industrial de 1974. Luego en 1998 se aprobó la ley de Promoción de Inversiones y en 2007 se actualizó este régimen mediante un decreto reglamentario.

El economista señaló en base a los datos disponibles que el crédito al sector privado venía creciendo desde 1974 hasta alcanzar un pico en el año 1982. Luego vino un “período de decrecimiento hasta el año 1991” año en que revierte la tendencia y nuevamente retoma el incremento. En 1998 alcanza un pico y en 2002 llega al máximo, agregó. Desde ese momento, dada la crisis, el crédito “cae fuertemente hasta 2005” cuando retoma el crecimiento pero “alcanzando niveles apenas por encima de los registrados en el promedio del período 1974-2010” mostró Vallarino.

Según los datos, la inversión privada tuvo el mismo comportamiento que el crédito hasta 1998, cuando comenzó a caer hasta 2002. A partir de allí revierte la tendencia de lo que se puede deducir que “principalmente en el período de la crisis de 2002 las empresas” tuvieron “obstáculos” para acceder a préstamos en momentos de auge de la inversión, sostuvo.

Del relevamiento uno por uno de 2.032 proyectos de inversión aprobados por el Estado para recibir beneficios fiscales entre 1974 y 2010, surge que en muchos de ellos “se puede entender que la mayoría de las empresas no invertía solo por el beneficio al que se accedía, sino que este compensaba” la limitante del “acceso al crédito”, aseguró el investigador.

Entre 1974 y 2006 el beneficio fiscal que se obtenía bajo los regímenes promocionales “no iba a definir” si una empresa tomaba la decisión de invertir o no, pero sí actuaba de esta manera: “pido los beneficios y compenso el costo de no acceder al crédito”, expresó.

Con el cambio de régimen, Vallarino se plantea como hipótesis que hay “posibilidades” de que haya habido un “cambio estructural” y por ende los beneficios fiscales sí se tornaron en este último período en un factor de decisión sobre hacer o no una inversión.

Gente trabajando

DETERMINANTES

Además de los beneficios fiscales -que ayudaron a compensar la restricción del crédito-, la inversión industrial fue “estimulada” por el nivel de demanda agregada y la inversión del sector público, expresó el economista.

Aunque, dijo Vallarino, con una limitante ya que en el caso de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), no se detecta una “relación bidireccional” entre PIB e inversión industrial. Por eso se “puede afirmar que las exoneraciones tributarias otorgadas” por los tres diferentes regímenes promocionales “favorecieron el desarrollo de la inversión privada en el sector industrial”, agregó (ver nota aparte).

Por otro lado, en el trabajo realizado se pudo detectar que la participación de la inversión privada sobre la inversión total nacional fue del 73% promedio por año en el período 1970-2010, expresó el economista.

Regímenes favorecieron los proyectos privados

En la investigación que realizó para su tesis, el economista Diego Vallarino recabó qué peso tuvo la inversión que recibió beneficios fiscales sobre la inversión total.

En base a 2.032 dictámenes de proyectos de inversión presentados y aprobados para recibir beneficios fiscales, el economista encontró que mientras durante el período 1974 – 1997 (cuando estuvo vigente la ley de Promoción Industrial) “la inversión aprobada era de 6% de la inversión privada total”, indicó.

En el período 1998 – 2007 (período en que rigió la ley de Inversiones) la relación pasó a ser de 13% y en el período 2008 – 2010 (con el nuevo régimen de promoción de inversiones) ascendió a 23%, expresó.

A su juicio, esta tendencia “confirma” que las estrategias de promoción de inversiones que implementó Uruguay “a lo largo de estos últimos 35 años han tenido un efecto claramente positivo sobre la inversión total, incrementando su participación sobre el total a través de estos mecanismos”.

A su vez, en el período en que estuvo vigente la Ley de Promoción Industrial (1974-1997) se aprobaron para recibir beneficios fiscales 37 proyectos, promedio anual, dijo Vallarino.

Con la promulgación de la Ley de Inversiones (1998) -y hasta la reglamentación del Nuevo Régimen de promoción de inversiones (2007)- la cantidad de proyectos aprobados pasó a 55 por año en promedio, agregó.

Con la entrada en vigencia del Nuevo Régimen de Promoción de Inversiones se pasaron a aprobar 509 proyectos en promedio por año en el lapso 2008-2010, lo que implica un “salto cuantitativo” de “gran significación” afirmó. Incluso en 2010 se registró un récord de 829 proyectos aprobados, que fue superado el año pasado con 840 iniciativas aprobadas.