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Madres reconocen en los juzgados que no pueden con sus hijos

Nueve de cada 10 familiares que retiran a menores infractores de los Juzgados son madres, jefas de hogar, a cargo de varios hijos de distintos padres y con trabajos variados, principalmente en el servicio doméstico.

Así lo señaló el fiscal de Adolescentes Gilberto Rodríguez en un seminario sobre la minoridad infractora y la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia efectuado en un salón de la Bolsa de Valores.

“La realidad que se ve en los juzgados es que de cada 10 padres que van a retirar a sus hijos que deben enfrentar alguna medida socioeducativa, nueve son mujeres y uno es hombre. Estas mujeres manejan valores distintos a los existentes en la sociedad”, dijo el fiscal, en alusión a que deben enfrentar una dura realidad provocada por trabajos de escasa remuneración (domésticas) y muchos hijos de distintos padres.

Según el fiscal, muchas de estas madres reconocen en los juzgados que no pueden con sus hijos. “El problema se hace mucho más evidente cuando los adolescentes tienen 16 o 17 años”, señaló el fiscal.

Ante un público compuesto por operadores judiciales, técnicos y víctimas de delitos, Rodríguez dijo que la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad ocurre cuando un padre puede hacer algo y no lo hace. También recordó casos ocurridos en juzgados de Adolescentes donde los magistrados dejaron en libertad a los menores sin que aparecieran los padres para hacerse responsables por los mismos, pese a que se había probado su culpabilidad y debían enfrentar una medida socioeducativa.

 

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Zubía coincidió con Rodríguez que, en ocasiones, los jueces de Adolescentes de distintos turnos entregaron menores culpables de delitos a “padres fantasmas. Nadie estaba presente para hacerse responsable por ese menor”.

El fiscal recordó que en el Parlamento hay tres proyectos de ley -del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Independiente- que endurecen las penas para menores infractores, se establece internaciones mínimas para delitos graves y se sanciona la tentativa de rapiñas, entre otros cambios.

Explicó que el proyecto del Partido Nacional promueve que los padres deberán informar al Juzgado de Adolescentes si no pueden obligar a su hijo a cumplir con la medida educativa y, en caso de que no lo hagan, serán pasibles de ser procesados por no cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad.

El fiscal Carlos Negro señaló que la responsabilidad de los padres era un aspecto con distintas aristas y se preguntó cuántos representantes del Ministerio Público estarían dispuestos a pedir el procesamiento de un padre del barrio Carrasco, cuyo hijo le robó las llaves del auto y protagonizó luego un grave accidente de tránsito. “Seguramente serán pocos los fiscales que harán un planteo de ese tipo”, dijo.

Durante la ronda de preguntas a los fiscales de Menores, la presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, Graciela Barrera de Novo, dijo que sufrió amenazas y debió convivir con allegados de los agresores cuando concurrió a un juzgado penal a ratificar una denuncia. “¿Por qué es tan difícil instalar divisiones y entradas diferentes? En mi caso he pensado no volver a presentar denuncias”, dijo.

El fiscal Rodríguez le dijo a Barrera de Novo: “lo que usted vivió es un proceso de revictimización. No es necesario aprobar nuevas leyes, se necesita cabeza para solucionar ese problema”.

Por su parte, Zubía dijo que las víctimas de delitos no comparecen en los juzgados porque tienen “un descreimiento profundo” en el sistema judicial de menores. Agregó que la víctima sí concurre cuando se entera que la Policía incautó elementos robados por el delincuente.

“En el último turno -finalizado días atrás- cuatro víctimas no se presentaron a ratificar las denuncias”, dijo Zubía.

Indicó que en el Poder Judicial no hay infraestructura para alojar a las víctimas y una “falta de preocupación” por las mismas. “Muchas veces las víctimas son vistas como objetos de derechos, como un testimonio”, advirtió.

Ejemplo chileno

En la charla sobre minoridad infractora, el fiscal Gustavo Zubía dijo que el Código de Chile es mucho más duro en materia de penas que la legislación uruguaya, ya que establece una pena máxima de 10 años para delitos graves. “Nadie dice que el modelo chileno viola normas internacionales”, dijo.

El País Digital
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El efecto “La Pasiva” en el paquete del gobierno contra la violencia

La TV no podrá emitir más imágenes violentas en horario central

INAU redacta un código de ética. Los medios que incumplan serán multados. 

El gobierno pretende que no se difundan estereotipos y modelos negativos que puedan ser copiados por los niños. Para ello regularán los contenidos televisivos en el horario de protección al menor, informa hoy UNoticias.

El gabinete de seguridad, integrado por los ministros Eduardo Bonomi, Daniel Olesker, Ricardo Ehrlich, Eleuterio Fernández Huidobro, Fernando Lorenzo y Luis Almagro, se reunió con algunos representantes de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA).

Allí les presentaron varios de los proyectos, cuyos alcances han sido difundidos en las últimas horas: aumento de las penas para menores infractores

Allí los secretarios de Estado explicaron la importancia que tiene para el Poder Ejecutivo que no se difundan notas e imágenes referidas a delitos violentos, que tengan un efecto reproductor a nivel social.

En la reunión, los ministros informaron que con este decreto pretende recortar la influencia de la TV en la generación de violencia.

No solo se regulará el contenido de los informativos, sino de todas las imágenes que se emitan dentro del horario de protección al menor. “No queremos que un niño vea cómo matan a su padre. No queremos que vea sangre e imágenes violentas a la hora de la cena”, explicó uno de los diputados que participaron de la reunión.

El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) también trabaja en ese sentido.

Sus técnicos son proclives a crear  un Código de Ética para regular los controles sobre el horario de protección al menor.

Ese código establecerá sanciones pecuniarias a los medios que las incumplan.

El  directorio de la institución comenzará con la elaboración de un marco regulatorio, que será creado en acuerdo con los medios de comunicación y posteriormente elevado al Poder Ejecutivo.

El disparador de la polémica fue la difusión pública de la cámara de seguridad de La Pasiva en el momento en que un grupo de rapiñeros asesinaron a gastón Hernández, padre de cinco hijos.

Precisamente algunos de ellos vieron por TV las imágenes, según el testimonio de la ex esposa residente en Salto.

“Al planchero de La Pasiva lo mataron 42 veces”, reprochó el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, en alusión a la cantidad de veces que se vio el atraco en los informativos.